En 2008, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo a bien crear el Ministerio de Igualdad reuniendo competencias y programas dispersos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud. Sólo hicieron falta dos años para que el ministerio dirigido por Bibiana Aído desapareciera y se integrara en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, dirigido por la añorada Leire Pajín, pasando su anterior titular de ministra a secretaria de Estado al cargo de las Políticas de Igualdad. La maniobra difícilmente pudo percibirse como un ascenso.
En 2020, tras el pacto del PSOE con Podemos, regresa el Ministerio de Igualdad y se hace cargo de la cartera Irene Montero, diputada y portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos, además de cónyuge de Pablo Iglesias Turrión, también nombrado vicepresidente segundo del Gobierno.
En estos ya casi tres años, el Ministerio de Igualdad, ha dedicado sus 525 millones de euros de presupuesto anual a las labores encomendadas y, específicamente, a promulgar dos leyes:
- La Ley Orgánica 10/2022 (o Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, publicitada por el propio Ministerio como «Ley Solo sí es Sí»), que al eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual vigente en el Código Penal, ha provocado exactamente lo contrario a lo que pretendía, rebajar la pena de determinados delitos y revisar a la baja ciertas condenas vigentes.
- La llamada «Ley Trans», aún no aprobada, cuyo mayor punto de fricción es la libre determinación de la identidad de género de las personas que se autocalifiquen como transexuales sin que sea necesaria la intervención de expertos. Quien más ha levantado la voz contra la iniciativa ha sido —oh, sorpresa— el movimiento feminista clásico, al considerar que la ley va a perjudicar a las mujeres.
No sería muy atrevido deducir que, dado el éxito de ambas iniciativas, y siguiendo el Principio de Peter, la ministra Montero ascendió en la jerarquía política hasta alcanzar su nivel de incompetencia de un modo harto ejemplar. El doctor Lawrence J. Peter recomendaría en este caso ajustar las tareas encomendadas al nivel de competencia de la ministra, que posiblemente estarían en funciones ajenas al Ministerio. La dimisión sería elegante, especialmente por lo infrecuente, pero resultaría extravagante en la política nacional. Además, hay que tener en cuenta que su cónyuge y exvicepresidente segundo del Gobierno, en un rapto de perspicacia política, dejó el cargo para presentarse a las elecciones a presidir la Comunidad de Madrid, midiendo con tal precisión sus fuerzas que se dio una hostia épica. Por tanto, no sería elegante cesar en estas condiciones a la ministra y enviarla a la cola del Servicio Público de Empleo, que no se distingue precisamente por una eficacia legendaria en la colocación de desempleados.
Quizá lo apropiado sería, siguiendo al maestro Peter, una maniobra mezcla de ‘arabesco lateral’ y ‘sublimación percutiente’ (o patada en el culo ascendente). Por ejemplo, un puesto de gran irresponsabilidad y boato como Observadora Presidencial del Desarrollo del Lenguaje Inclusivo en la Organización para la Cooperación Islámica. Se descarta la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo no sea que, además, nos suban los precios del fuel y el gas.