Un ayuntamiento —es decir, la junta que forman su alcalde y concejales— declara a un particular ‘persona non grata’ porque aborrece sus opiniones. Puesto que no es competencia de los ayuntamientos expedir cédulas morales, su acto consiste en una estúpida exhibición de músculo, un acto inane aunque insultante. Sin embargo tiene la virtud de retratar a los ayuntados, un montón de sulfurados que sabiéndose incompetentes e impotentes para poder hacer de su palabra ley, esputan un insulto para que los demás nos enteremos de que su lengua es, afortunadamente, más larga que su brazo pero que, si les dejaran, perseguirían al ‘non grato’ hasta someterlo a castigo. ¡Somos impotentes —sollozan— pero azotamos el mar!
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