Que la Fuerza no os acompañe

No se ganan las batallas que no se afrontan. El antimilitarismo es muy sano cuando se enfrenta a las dictaduras militares, pero en un estado democrático tiende a convertirse en un relato infantil y floral que se utiliza para deslegitimar a las fuerzas de orden público. Existe el pacifismo ingenuo, muchas veces de corte religioso. Pero entre los grupos extremistas y nacionalistas prolifera un antimilitarismo militante cuyo objetivo es socavar el orden democrático: desarmad a vuestras defensas para que aplastemos vuestra cabeza.

Habrá qué repetirlo mil veces, cien mil, un millón, siempre y continuamente. Las grandes palabras, libertad, justicia, igualdad, bienestar son papel mojado si no se puede garantizar su aplicación. Cuando el cuerpo social se constituye como tal (llámese nación y constitúyase como Estado, Federación, Unión, etc.) y establece las normas de convivencia y las eleva a categoría de Ley, asienta el punto de encuentro y el lugar en donde se resuelven los desacuerdos. El punto de encuentro es la Ley, el lugar es el Parlamento y los Tribunales, y el mecanismo de intermediaciación para resolver las diferencias es el Derecho.

En un estado dictatorial es la voluntad unilateral del dictador la que decide todo: cómo se gradúan la libertad y la igualdad, quien goza de bienestar, quien sufrirá y hasta quién morirá. En un estado democrático de derecho, los distintos intereses se someten a confrontación en el Parlamento, donde las fuerzas están representadas en función del número de votantes, y los acuerdos se negocian de forma multilateral; nadie alcanza el punto de satisfacción máxima, todos ceden continuamente y siempre, y a este equilibrio inestable de deseos, logros e insatisfacciones lo conocemos como democracia: la cansina, burocrática y eternamente negociatriz democracia. Quien salta por encima del procedimiento democrático lo hace porque sabe que no puede alcanzar la representación suficiente; como no puede ganar al ajedrez, patea el tablero.

Cuando el Anhelo reemplaza a la Ley y declara que el Derecho ya no es un mecanismo válido de negociación y resolución de conflictos, aparecen la coerción, la fuerza y la violencia. Quienes se reclaman mediadores y pretenden recurrir a la «política» para arreglar los desacuerdos al margen del Derecho, están afirmando que existe un nuevo punto intermedio entre la Ley y el Anhelo, que ese punto siempre será móvil y que siempre lo desplazará el Anhelo a su gusto, que el Derecho jamás servirá como mecanismo para satisfacer a los anhelantes y que el Estado siempre habrá de dar el brazo a torcer cuando intentan retorcerle el brazo.

Pues bien, para impedir el capricho del Anhelo, individual o colectivo, para someter a los Anhelantes al imperio de la Ley y sujetarlos al Derecho, está la Fuerza. La diferencia entre la Fuerza del Estado de Derecho y las fuerzas Anhelantes es que la primera cumple órdenes legítimas y legitimadas siempre que se adecuén al Derecho, es decir, siempre que representen a todos y su finalidad sea preservar la seguridad, la libertad, la justicia y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Cuando es así y sólo cuando es así, es necesario que triunfe con determinación.

En la batalla actual por la independencia de Cataluña, las fuerzas Anhelantes se han alzado diciendo representar a un Pueblo que es sujeto de derechos primigenios. Afirman que estos derechos, emanados de la voluntad de sus líderes, prevalecen sobre los que garantizan la seguridad, la libertad, la justicia y la igualdad de todos. Afirman la primacía de lo particular frente a lo común, el privilegio de cuna e idioma, su voluntad de escindir lo unido, el derecho a dividir y su derecho a decidir negar nuestros derechos. Como su reclamación es injusta, han disfrazado el Anhelo de Derecho y han reclamado votar «democráticamente» (pero sólo ellos) la abolición de los derechos comunes y declarar nuestra conversión, obligatoria y no pactada, en extranjeros.

En los últimos siglos, el progreso social ha venido asociado a la universalización, a la extensión a todos los ciudadanos de lo que antes eran privilegios de pocos. Es progresista anhelar un mundo sin fronteras, con leyes comunes y sin particularismos que concedan ventajas. El sueño de un gobierno mundial, una legislación planetaria y una justicia universal no es un ideal moderno, sino que ya lo soñaron la vieja iglesia católica (katholikós significa precisamente eso, universal) y los ideales revolucionarios. Que en el camino esos ideales hayan sido pervertidos por el totalitarismo, vulnerados por los particularismos y violados por la corrupción humana no empece que sean deseables.

El ideal universalista, que no se reduce sólo a los mecanismos sino al objetivo de procurar el bienestar universal, pervive aún, burocratizado, en organismos multilateralistas como las Naciones Unidas y en proyectos supranacionales como la Unión Europea. Obviamente son muy perfectibles, pero frente a las tufaradas identitarias, supremacistas, unilaterales y antidemocráticas del Ukip, la Liga Norte o Junts pel Sí (para decirte a ti No), siguen sonando a música celestial.

«Nadie es más que nadie» dice el viejo lema. Por esa razón, y nada más ni nada menos que por ella, conviene someter el Anhelo al Derecho. Pero es que además, su pretensión de estabularnos en Pueblos para negar nuestros derechos individuales y subsumirlos en una supuesta voluntad colectiva no acordada en un Parlamento sino preexistente y sagrada, o de considerar a unos Pueblos superiores a otros y por tanto, con privilegios sobre otros, ataca nuestros principios universalistas y trata de pisotear nuestra utopía de un mundo de acuerdos multilaterales, fronteras abiertas y personas libres e iguales.

Lamento, Anhelantes, que este mensaje no quepa en una pegatina, que su complejidad os produzca disonancias irresolubles y que no seáis capaces de distinguir las ideas luminosas de la simple berrea de la tribu. Representáis la Edad Media o, peor aún, la utopía regresiva de un futuro medievalizado. Por ética y estética, tenéis que ser derrotados. No os acompañará la Fuerza.