¿Quién quiere mi voto?

A ver, que la corrupción no es un fenómeno meteorológico. No se produce como las tormentas o las sequías, sino que es fruto de una minuciosa organización legal y administrativa tramada para mangonear sin trabas en las arcas públicas. Con el pretexto de la «autonomía financiera» (que es una forma eufemística de llamar a la falta de supervisión y capacidad de intervención fiscalizadora de la Hacienda Pública sobre las cuentas de los organismos públicos, sean ayuntamientos, consorcios, universidades, federaciones de municipios y entes diversos, sin descartar los extraterrestres) hay cargos que hacen y deshacen en las cuentas, sin que los interventores tengan capacidad de intervenir y hasta de enterarse.

La «autonomía financiera» otorgada a quienes solían quejarse de estar atados de pies y manos y no poder disponer «libremente» —es decir, arbitrariamente— de los presupuestos asignados ha permitido, ciertamente, que pueda operarse con cierto grado de libertad —o sea, sin control minucioso— pero también ha facilitado a quienes tienen los escrúpulos más elásticos el echar mano a la caja e ir distrayendo bienes. Y ya se sabe, se empieza tomando prestado unos lapiceros y a nada que te despistes se te acaba quedando adherida a la suela media provincia, que el dinero llama a dinero. Y entre que no te das cuenta de lo que haces y que la justicia tarda en reaccionar, cuando te enteras ya has contratado un testaferro, has montado unas empresas opacas y tienes un potosí en un paraíso fiscal, por aquello de que la solidaridad empieza por uno mismo.

Porque se trataba precisamente de eso, pollos, de no poder disponer «libremente», es decir, arbitrariamente, de los presupuestos que tan difícilmente fueron negociados, transaccionados y acordados en sus respectivos parlamentos. De que se cumplieran tal y como fueron diseñados, y no de como le pete al sargento de turno, ese que con el nombre de filetes compra filetes rusos, es decir picadillo, y se embolsa la diferencia. Y quien dice presupuestos dice terrenos recalificados, o sea, revalorizados automáticamente a golpe de decreto, o concesiones administrativas, o contratos o lo que sea menester.

Hay que sanear. No basta con actuar a posteriori. No basta con que ocasionalmente se manifiesten los tribunales de cuentas, que poco más hacen aparte de eso, ulular como los fantasmas en los castillos escoceses. Hay que reponer en su puesto al ejército de interventores y a sus látigos, así bramen y aúllen todos los alcaldes, rectores, presidentes de mancomunidades o archipámpanos del ente o el evento. Hay que prevenir, que es mucho mejor que amputar y más barato. Y mucho más estético.

Porque lo que no puede ser es que la Hacienda Pública sea capaz de agarrar firmemente por sus partes tributarias a todos y cada uno de los ciudadanos, hasta el punto de hacernos automáticamente la declaración de la renta y devolvernos los cambios, y sin embargo sea incapaz de saber en qué se gastan realmente algunas administraciones lo que dicen que se gastan, cuánto ingresan atípicamente y cuántos de esos ingresos y gastos acaban, pongamos, en esos paraísos fiscales pseudobritánicos que desde siglos vienen cobijando y promoviendo la actividad corsaria y la piratería, dicho sea con el respeto debido a su Graciosa Majestad. Lo que es insoportable es que nos desayunemos todos los días con nuevas raciones de sobornos o mangoneos. Que no podamos encender la luz, mover el coche, abrir una botella de vino o fumar un pitillo sin que nos frían a impuestos directos, indirectos y circunstanciales (además de echarnos la bronca) mientras que por los desagües de la cosa fluyan a borbotones los contratos empaquetados en porciones de equismil novecientos noventaynueve euros, un céntimo menos de la obligatoria fiscalización.

O sea que venga, coleguitas, aprovechad la próxima legislatura, que no es tan difícil. Que si queréis, podéis. Y las masas queremos. A ver, ¿quién quiere este voto?

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